Viktor Denisenko (Vilnius)- El jueves 2 de abril, tuvo lugar una acción de protesta preventiva de los empleados públicos del Estado en Lituania. Los policías, agentes de aduanas y bomberos que protestaron pretendieron llamar la atención de las autoridades hacia sus bajos salarios. Este es un problema que parece durar ya por bastante tiempo, pero parece haberse agravado con la crisis.

Los funcionarios que protestaron destacaron que no pueden realizar sus funciones adecuadamente. En otras palabras, salieron a la calle para mostrar que si los que ostentan el poder no se ocupan de ellos, también es probable que sean incapaces de ayudar a quienes lo necesiten.

Por otra parte, la respuesta de las autoridades lituanas a todo el que reclama, sean funcionarios, personal médico o profesores, lleva siendo la misma desde hace bastante tiempo: no hay dinero. Esto no suele encajar con las expectativas de los ciudadanos movilizados.

Es compresible que el bienestar de la ciudadanía no pueda mejorarse por arte de magia. De hecho, quienes ocupan los escaños del Parlamento no son magos. Sin embargo, las autoridades deberían prestar más atención a las quejas de los funcionarios. Después de todo, son los cimientos del Estado.

La legislación lituana prohibe hacer huelga a los empleados públicos. Tiene sentido. A nadie le gustaría ver a policías y bomberos de brazos cruzados. La otra cara de la moneda es que tienen una potente herramienta para informar a las autoridades de sus necesidades. Precisamente por ello, la elite dirigente debería tomar buena nota y mostrar más sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de los funcionarios. Esto sería, por lo menos, lo justo.

Viktor Denisenko (Vilnius)- Entrar en el Euro es un viejo sueño lituano. La prioridad de la meta no era discutible. Lo más cerca que estuvo Lituania de esto fue a finales de 2007, cuando cumplía todos los criterios de Maastrich excepto uno: la inflación superaba en un 01,% la norma establecida. Fue por esto que Lituania no entró en el Euro y Eslovaquia tuvo éxito.

Ahora, las perspectivas de entrada en la eurozona se alejan por un tiempo: las previsiones más optimistas apuntan que Lituania no volverá a cumplir los requisitos hasta 2010 o 2011 por lo menos. Claro, depende de cuánto dure la crisis financiera.

No hace mucho, los representantes de los países de la UE que no están en el euro comenzaron a discutir sobre las desigualdades entre viejos y nuevos miembros de cara a la creciente crisis. El primer minitro, Andrius Kubilius es partidario de entrar en el euro a pesar de Maastrich. Piensa que hacerlo permitiría a Lituania y a otros países evitar la devaluación de sus monedas. Bruselas, sin embargo, lo dejó muy claro y, a pesar de la declaración de solidaridad entre los países de la UE, la propuesta no será escuchada.

Lituania ha vivido en sus carnes la dureza de los criterios de convergencia más que ningún otro país. La toma de decisiones en la UE es estricta e inamovible. Los diplomáticos lituanos trataron de disuadir a Bruselas arguyendo que no entrar en el Euro por una décima de inflación era inconcebible. Pero los funcionarios europeos se mantuvieron firmes, como en el caso de la prolongación de la vida del reactor nuclear de Ignalina. Lituania tiene hasta fin de año para cerrarlo.

Parece que las clases dirigentes de Lituania y otros países vieron en la crisis una buena oportunidad para dar pena a los funcionarios europeos, pero el plan ha fracasado. Dura lex, sed lex (La ley es dura, mas es ley) describe perfectamente la situación. Queda claro que los nuevos miembros de la Unión no deberían esperar indulgencias ni por la crisis ni por ninguna otra circunstancia.

Imagen: Anverso del modelo de euro lituano (Wikipedia)

Las consecuencias de los desórdenes que tuvieron lugar el 16 de enero en Vilnius todavía se hacen sentir en la vida política y pública lituana. Hace poco, ha trascendido que el Gobierno local de Vilnius trata de circunscribir los permisos para acciones de protesta a sólo los casos en que los organizadores garanticen que el número de manifestantes no superará los 300. Si no es así, no se emitirá el permiso.

Los estudiantes que tenían planeado protestar contra la reforma de la educación superior se han enfrentado a esta medida. El grupo civil “Por una educación superior accesible y de calidad en Lituania” no obtuvo permiso para manifestarse frente al Parlamento por no haber dado al Gobierno local garantías de que no acudirían más de 300 personas. Así, montaron un piquete de 10 personas (que no requiere permiso). Miembros del grupo se plantaron frente al Parlamento con la boca tapada en protesta por las nuevas limitaciones  a la protesta.

En una nota de prensa, el grupo estudiantil consideraba absurdas las razones por las que no habían obtenido el permiso. Acusan al Gobierno de “violar la norma que salvaguarda el derecho a las reuniones de masas estipulado la Constitución”. No van a renunciar y esperan ver aprobada su manifestación el 1 de abril. Miembros de la campaña consideran inaceptable la restricción al numero de participantes. Hay que señalar que la población estudiantil supera los 200.000 individuos en Lituania, que alberga a unos tres millones de habitantes, y que la mitad de ellos estudia en la capital.

Hay razones muy claras para entender la preocupación del Gobierno local. Los estudiantes representan un amplio sector socialmente activo de la población proclive a echarse a la calle. En un momento de descontento generalizado, cualquier protesta puede llevar al desorden civil. La reforma de la enseñanza superior preocupa a los estudiantes y es criticada por varios académicos. De modo que hay motivos para dudar de la tranquilidad de la protesta.

Medida inconstitucional

Sin embargo,tratar de prohibir la protesta o restringirla con condiciones imposibles no es la mejor estrategia. El intento de no exponerse del Gobierno local vulnera efectivamente el derecho constitucional a “reunirse desarmados en concentraciones pacíficas” (artículo 36 de la Constitución de la República de Lituania). El Gobierno local se escuda en que trata de mantener el orden público (elemento señalado en el mismo artículo constitucional). Aún así, no parece una excusa perfecta.

De cualquier manera, los intentos de restringir el número de participantes en las acciones de protesta resultan preocupantes, ya que pueden ser el primer paso hacia restricciones más amplias de derechos civiles y libertades. Esperamos que el “espíritu de la democracia” triunfe, teniendo en cuenta que todos los políticos lituanos más relevantes afirman sus intenciones democráticas, incluidos los del Gobierno local de Vilnius.

Imagen: Vista del Seimas, el parlamento lituano, en Vilnius (Metro Vilnius)

Lituania espera celebrar elecciones presidenciales en mayo. A medida que se acerca el evento, los ciudadanos discuten con más pasión acerca de los posibles candidatos. El actual presidente, Valdas Adamkus, termina su segundo mandato y, por tanto, no puede ser reelegido.

La semana pasada, quedó claro que el grupo Sąjūdis apoyaría la candidatura de Vytautas Landsbergis, actualmente parlamentario europeo. Landsbergis fue el primer jefe de Estado formal de Lituania tras la restauración de la independencia. Por entonces, era el presidente del Parlamento. Se presentó a las primeras elecciones presidenciales en 1992, pero carecía del apoyo popular necesario. El primer presidente fue Algirdas Brazauskas.

Lo curioso es que Landsbergis es presidente de honor de la Unión Patriótica (conservadores), pero el partido va a dar su apoyo a la comisaria europea de Planificación financiera y presupuestos  Dalia Grybauskaitė. Es la candidata con más posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, Grybauskaitė no ha anunciado su intención de participar en la carrera presidencial.

Brazauskas es también otro posible candidato. Sólo ha ocupado el cargo una vez y no se ha vuelto a presentar desde entonces. Teóricamente, tiene posibilidades de volver a la jefatura de Estado.

Un puesto no muy codiciado

Algunos mencionan al cabeza de Resurrección Nacional, el ex showman Arūnas Valinskas, como otro posible candidato. Últimamente, los sondeos lo presentan como un candidato firme, pero por el momento su credibilidad ha decaído considerablemente. Las encuestas sociológicas prueban que los lituanos se han decepcionado rápidamente con su liderazgo político. Los últimos datos lo etiquetan como “político impopular”.

El Presidente de Lituania no es la figura política más influyente del país. El Gobierno tiene más competencias y poder en general. El Jefe de Estado no tiene mucha influencia en la política interior, sino que retiene capacidad de maniobra en las relaciones exteriores. Según la Constitución, tiene 24 funciones (articulo 84), entre las que figuran firmar las leyes (puede vetarlas, pero el Parlamento puede levantar el veto después de una revisión), la entrega de premios nacionales, la decisión de indultar, etc. Por tanto, no todos los políticos lituanos ven el puesto de Presidente como el más tentador. Muchos ven trabajar como parlamentarios europeos en Bruselas como una carrera bastante más aceptable.

Imagen: La comisaria europea de Planificación financiera y presupuestos, Dalia Grybauskaitė.

Las autoridades lituanas serán puestas de nuevo a prueba el 3 de febrero. Una nueva manifestación de los sindicatos ha sido autorizada frente al Parlamento para ese día.

A diferencia de las del pasado 16 de enero, que desembocaron en protestas masivas, ésta tendrá lugar frente a otra parte del edificio. La Policía ya ha prometido implementar medidas de seguridad sin precedentes para evitar el escenario de enero. La concentración que se avecina no será menos que la anterior. Se esperan no menos de 20.000 personas de todo el país.

Las autoridades están preocupadas por la protesta. Algunos líderes parlamentarios han pedido ya al Gobierno local que no autorice la marcha ante el Parlamento o que propongan un emplazamiento alternativo. Entre estos lugares han estado el Parque Nagorny, en el centro histórico, pero lejos de los edificios gubernamentales, o el Parque Vingis, donde se organizan tradicionalmente las fiestas y grandes conciertos. El Gobierno local ha decidido, sin embargo, que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en las cercanías de las autoridades y ha ignorado estas propuestas.

Prestemos atención a algunos aspectos de esta situación. La reacción de las autoridades, cercana a la histeria ante la ira de los ciudadanos, muestra la inestabilidad del actual Gobierno lituano. Sencillamente, quiere tener a los ciudadanos lejos. Por eso querían que la manifestación no se celebrara cerca de edificios gubernamentales. En este sentido, la reacción del Gobierno municipal es elogiable.

El comportamiento de los manifestantes dependerá una vez más de cómo reaccionen los representantes de las elites. Han de tener el valor de acercarse a hablar a pesar del riesgo de recibir algún que otro huevazo y de asumir parte de la responsabilidad por la desconfianza y los sentimientos encontrados. Las autoridades no están escuchando a la sociedad. Ese es el problema en Lituania (y no sólo aquí). Los políticos sólo escuchan en período preelectoral.