Rusia: Gazprom amenaza con volver a cortar el suministro de gas a Ucrania el 7 de marzo si el proveedor ucraniano, NaftoGaz, no realiza el primer pago de 400 millones de dólares de la deuda que mantienen. La economía rusa se contraerá aún con un barril de petróleo a 55 dólares.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado a indemnizar con 180.000 euros a las familias de cuatro personas desaparecidas a manos del ejército ruso en Chechenia; también debe indemnizar a una juez despedida injustamente. Los archivos informáticos confiscados a la ONG de Derechos Humanos Memorial aún no han sido devueltos. Cinco heridos en un atentado con coche bomba contra la policía en Daguestán.
El Estado avala préstamos por valor de 1.200 millones de euros a la industria armamentista. 31.000 millones de euros abandonaron Rusia el pasado enero. La industria militar mantiene estabilidad financiera.
Crecen las críticas a Rusia Unida por el uso de fondos públicos para la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales en distintas regiones del 1 de marzo.
Ucrania: Los radares militares fronterizos entre Rusia y Ucrania dejan de compartir datos.
Georgia: Publicado el informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado.
Polonia: Los astilleros de Gdansk y Szczecin serán privatizados a principios de marzo.
Bielorrusia: El ministerio de Defensa estudia denunciar a los médicos que declaren aptos a reclutas que no lo sean, como ha ocurrido en varios casos de reclutamiento forzado motivado políticamente.
Armenia: Un grupo de hackers presumiblemente de Azerbaiyán ataca páginas oficiales armenias por el aniversario de la masacre de Jokaly.
Azerbaiyán: Un grupo de manifestantes protesta frente a la embajada armenia en EE.UU. en recuerdo de la masacre de Jokaly.
En octubre de 2008, a pesar de el fraude en las elecciones recientes había sido evidente, la Unión Europea levantó las sanciones contra funcionarios bielorrusos, incluido Lukashenko. La Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, destacó la ausencia de prisioneros políticos como un paso adelante por la parte bielorrusa. Sin embargo, existen.
Nueve personas han sido sentenciadas a dos años, otra a uno y un menor a año y medio de libertad restringida sin ser enviados a centros penitenciarios por participar en protestas pacíficas de empresarios. Los condenados a esta pena no pueden salir del país o ser candidatos en elecciones. Tampoco pueden cambiar de lugar de residencia sin autorización de la Policía o participar en la vida pública. Están obligados a permitir la entrada de la Policía a sus domicilios en cualquier momento. Podemos hablar de arresto domiciliario, ya que sólo pueden estar en su casa y en el trabajo. Pueden ser objeto de un proceso criminal por infringir el régimen de cualquier manera.
Recientemente, la dictadura ha comenzado a poner en marcha otras tácticas. Los médicos son forzados a reescribir sus informes sobre activistas políticos jóvenes después de ser reclutados forzosamente para el Ejército. En 28 enero, agentes de policía y oficiales de reclutamiento llevaron a cabo auténticas redadas contra líderes juveniles por toda Bielorrusia. Trataron de llevarse al Ejército por la fuerza al líder del Frente Juvenil Iván Shyla, al de Moladz BNF Franak Vyachorka y al joven activista Zmitser Fedaruk. Franak Vyachorka fue localizado y arrestado en plena calle antes de ser trasladado a una unidad militar. Z. Zhaleznichenka y A. Kalita ya habían caído en manos de la leva.
El 16 de enero, Franak Vyachorka fue atrapado por la fuerza en el consultorio de un hospital al que habia acudido a hacerse un chequeo y confinado en la oficina de reclutamiento. Le dijeron que le transferirían a una unidad militar en cuestión de horas. Franak tenía una dispensa debido a una operación en el ojo y algunas enfermedades cónicas que padece. Tuvo que comparecer ante otra comisión médica en el hospital militar republicano. El 17, Vyachorka apeló su recluta y las acciones de los militares y el personal médico durante la leva. El militante juvenil exigía que las comisiones militares respetasen el principio de igualdad entre todos los reclutas.
“Organización no-registrada”
El tribunal del distrito de Savetski de Minsk avisó a los oficiales de reclutamiento que Vyachorka no podía ser llamado a filas hasta que su recurso no fuera considerado. Sin embargo, su caso fue juzgado en ausencia del interesado y a puerta cerrada. A pesar de sus problema de salud, Franak Vyachorka fue declarado apto para el servicio militar.
Ivan Shyla fue encontrado culpable hace año y medio de participar en una “organización no registrada”. Hace seis meses, fue expulsado del instituto antes de pasar su último examen de la secundaria. Bielorrusia es el único país europeo y uno de los pocos del mundo en que participar en una iniciativa u organización no registradas es delito. El código penal considera una violación de la ley cualquier asociación ciudadana, sin importar la finalidad.
Así que, aunque no existen prisioneros políticos como tales, virtualmente los hay. La dictadura priva a sus opositores de libertad con otras medidas, como arresto domiciliario o reclutamiento forzoso. Hace unos días, el secretario general del Comité de Helsinki sueco, Robert Hårdh, señaló acertadamente que el regimen bielorruso muestra un gran ingenio a la hora de perseguir a la oposición.
Yo preferiría que mostrara más ingenio en superar la crisis económica que arrecia a lo largo y ancho del país, más que en privar a la gente de libertad por sus opiniones polítcas o ejercer sus derechos básicos.
Imagen: Emblema del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.
