Viktor Denisenko (Vilnius)- El jueves 2 de abril, tuvo lugar una acción de protesta preventiva de los empleados públicos del Estado en Lituania. Los policías, agentes de aduanas y bomberos que protestaron pretendieron llamar la atención de las autoridades hacia sus bajos salarios. Este es un problema que parece durar ya por bastante tiempo, pero parece haberse agravado con la crisis.
Los funcionarios que protestaron destacaron que no pueden realizar sus funciones adecuadamente. En otras palabras, salieron a la calle para mostrar que si los que ostentan el poder no se ocupan de ellos, también es probable que sean incapaces de ayudar a quienes lo necesiten.
Por otra parte, la respuesta de las autoridades lituanas a todo el que reclama, sean funcionarios, personal médico o profesores, lleva siendo la misma desde hace bastante tiempo: no hay dinero. Esto no suele encajar con las expectativas de los ciudadanos movilizados.
Es compresible que el bienestar de la ciudadanía no pueda mejorarse por arte de magia. De hecho, quienes ocupan los escaños del Parlamento no son magos. Sin embargo, las autoridades deberían prestar más atención a las quejas de los funcionarios. Después de todo, son los cimientos del Estado.
La legislación lituana prohibe hacer huelga a los empleados públicos. Tiene sentido. A nadie le gustaría ver a policías y bomberos de brazos cruzados. La otra cara de la moneda es que tienen una potente herramienta para informar a las autoridades de sus necesidades. Precisamente por ello, la elite dirigente debería tomar buena nota y mostrar más sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de los funcionarios. Esto sería, por lo menos, lo justo.
Como las críticas en un régimen autoritario son mucho menores que en las democracias, la posibilidad de acertar en las decisiones del Gobierno es menor, y la posibilidad de poner en marcha una política fatal mucho mayor. Especialmente si los funcionarios, sobre todo el principal (el Presidente), se empeñan en seguir conceptos de gestión de la época pasada, por ejemplo, del sistema soviético.
Uno de los eslóganes más importantes de la propaganda del régimen, si no el que más, es que Bielorrusia representa una isla de estabilidad, mientras que los conflictos sociales, económicos, políticos y militares ocurren, sobre todo, en los países vecinos y, por lo general, en el resto del mundo.
A diferencia de en otros países postsoviéticos, ni la terapia de choque ni las mínimas reformas económicas fueron llevadas a cabo en el país. Por un lado, esto evitó un período de escasez y alto desempleo, como sucedió en los países bálticos. El paro en Bielorrusia no solía ser tan alto como en los países vecinos y la gente trabajaba por, al menos, el salario mínimo. Desde que Lukashenko comenzó a desarrollar una política prorrusa, el régimen ruso pagó su lealtad política con ciertas regalías económicas. Bielorrusia podía comprar gas ruso al precio del mercado interior y revender petróleo ruso refinado a Occidente. El negocio con la energía rusa barata apoyó la economía del país hasta constituir un 10% de su PIB anual. Además, los bienes bielorrusos no se veían sujetos a ninguna restricción en el vasto mercado ruso.
Estos dos privilegios jugaron una mala pasada a la economía del país. Al obtener beneficios de la nada, Lukashenko y sus gestores no reformaron la economía, sino que levantaron un sistema centralizado de tipo soviético que, consistentemente, oprimía la iniciativa privada y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Como resultado, la tasa de paro actual en Bielorrusia supera a la de cualquier país vecino, mientras que más de un millón de ciudadanos trabaja estacionalmente fuera, la mayoría en Rusia. Por descontado que el paro en Bielorrusia es, oficialmente, del 1%, ya que los estadísticos emplean los trucos más retorcidos posibles.
Hace como un mes, Lukashenko, negándose a admitir las consecuencias de la crisis económica y a renunciar al concepto de estabilidad, anunció que la crisis no llegaría a Bielorrusia. Sin embargo, las declaraciones optimistas del Gobierno se terminaron a las dos semanas, cuando se hizo evidente la velocidad a que caían las reservas de oro y la cotización del rublo bielorruso. Como muchas empresas ya no podían vender su producción en el extranjero, comenzaron los despidos en masa y la caída de los salarios.
Las autoridades respondieron a la manera soviética. En lugar de otorgar más libertad a la iniciativa privada, decretaron la prohibición de importar una gran cantidad manufacturas y productos de alimentación. Desde luego, la medida haría subir los precios para los consumidores, pero difícilmente estimularía la compra de la producción bielorrusa. Sin embargo, esto resulta incomprensible para los gerentes de tipo soviético.
Marcha de protesta
Las pequeñas y medianas empresas, la base de las economías de los países más desarrollados, son constantemente oprimidas en Bielorrusia. El último informe del Banco Mundial y del proyecto Doing Business sitúa a Bielorrusia en el último lugar del mundo, el 178, en materia de impuestos y obligaciones (hasta 124). El 1 de enero de 2009, el punto 3 del decreto presidencial “Acerca de algunas medidas para regular las actividades emprendedoras” espira. Esto significa que los empresarios tendrán que pagar los aranceles por los bienes que importen de Rusia, lo que terminará con los negocios de muchas pequeñas empresas.
Ayer, los empresarios organizaron una marcha de protesta en Minsk por esta razón. El invierno pasado ya organizaron otros tres eventos similares, pero no resultaron muy numerosos. Es de señalar lo activos que en ellos se mostraron los jóvenes. Como resultado, las autoridades abrieron procesos políticos contra 14 activistas juveniles. El último de ellos, Aliaksandar Barazenka, de 20 años, fue sentenciado a un años de libertad vigilada, sin necesidad de ingresar en ninguna institución especial, hace tan sólo unos días. Aunque los testigos no le incriminaron y las grabaciones presentadas no le mostraban cometiendo ninguna ilegalidad, el juez lo halló culpable de infringir el artículo 341-1 del Código Criminal (organización y preparación de acciones que violan flagrantemente el orden o tomar parte activa en ellas).
Aunque las actuales autoridades busquen eliminar del todo los pequeños negocios privados, y el propio Lukashenko prometiera hace algunos años estrecharle la mano al último emprendedor, parece que la crisis mundial y el hundimiento de la economía les hará corregir los planes. Sería estúpido por parte del Gobierno eliminar miles de pequeños negocios y convertir en parados a miles de personas. Sin embargo, los economistas de tipo soviético pueden pensar de otra forma, de modo que otra equivocación económica fatal es bastante probable.
Imagen: Vista de la manifestación de pequeños empresarios celebrada ayer por la tarde en Minsk que reunió a unas 3.000 personas (Yulya Darashkevich / Nasha Niva)
El pasado 22 de septiembre, estudiantes de varias universidades se juntaron para una acción de protesta. La manifestación fue convocada por la asociación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Vilnius. Fueron apoyados por sus compañeros de la Universidad de Vilnius y de la Academia de las Artes.
Durante la pasada primavera, el Tribunal Constitucional de Lituania aprobó una resolución que marcaba las pautas para determinar quién es un “estudiante de provecho”. La relevancia de esto es que, constitucionalmente, los “estudiantes de provecho” tienen la educación gratuita garantizada. Hace un tiempo, antes de los últimos cambios en Educación, la comunidad estudiantil consistía en dos grupos: los que estudiaban gratis y los que “pagaban en parte” por su educación. El semestre para los que “pagaban en parte” costaba sólo 520 litas (150 euros). Sólo los estudiantes que acudían a las clases vespertinas y los que lo hacían a distancia pagaban la matrícula completa.
Además, la Ley de Educación Superior estipulaba que entre los “estudiantes de provecho” estaba el 30% de los mejores estudiantes de cada carrera que obtuviera las mejores notas. Sin embargo, el uso de porcentajes para determinar el provecho académico fue declarado inconstitucional. De modo que se implementó un nuevo sistema este verano. Según las enmiendas a la ley, ahora un “estudiante de provecho” es aquel que tiene por lo menos una media de 8 puntos sobre 10. Pero esta novedad ha sido censurada también.
Los estudiantes más insatisfechos son aquellos de las universidades técnicas. Apuntan al hecho de que, tradicionalmente, los estudiantes de Ciencias Exactas tienen notas más bajas que los de Humanidades. Como bien señalan, con el nuevo sistema, sólo el 10% de los estudiantes de la Universidad Técnica sería considerado “estudiante de provecho”.
Al actual ministro de Educación y Ciencia, Algirdas Monkevičius, tampoco le gusta el nuevo sistema. Cree que lo lógico sería reconocer como “estudiantes de provecho” a aquellos que pasan el año sin tener asignaturas pendientes. Pero esta medida requeriría medios adicionales.
El escándalo está creciendo por algunos comentarios irresponsables de algunos funcionarios lituanos. En un principio, la implementación del sistema de los ocho puntos iba realizarse a partir del año que viene, de modo que fueran tomados en cuenta los resultados del semestre invernal. La misma decisión dejaba exentos de las tasa académicas a los estudiantes durante este semestre y el Gobierno se había comprometido a reembolsar a las universidades las pérdidas por no percibir las matrículas del comienzo del primer periodo.
Pero parece que no hay presupuesto. El Gobierno está buscando rápidamente los 8,3 millones de euros de la suma prometida. Mientras tanto, los rectores amenazan con empezar a cobrar las tasas a los estudiantes con una media inferior a los ocho puntos si las universidades no reciben los fondos ya mencionados.
Hay que señalar que todo esto ocurre en un contexto de quejas frecuentes por la calidad insuficiente de la educación superior y una sed malsana de los jóvenes por la universidad cuando faltan especialistas con formación profesional. Por una distorsión del mercado, un constructor lituano normal tiene bastantes más probabilidades de ganar más que la mayoría de los alumnos de las instituciones de enseñanza superior. Existe ya una tendencia ente los jóvenes de licenciarse sólo por el título y, por tanto, no trabajar después según los conocimientos profesionales adquiridos. Los empleadores prefieren contratar a menudo a los alumno con más experiencia profesional (llamados “licenciados en educación superior no universitaria”) sobre aquellos licenciados con amplios conocimientos teóricos acreditados.
Esta situación nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de una reforma radical de la educación superior para mejorar la calidad, estrechar lazos entre las universidades y el mundo de los negocios, reducir el número de estudiantes y de instituciones de enseñanza superior, concentrando a los mejores especialistas en las que queden, etc… Mientras todo eso no sean más que promesas, los estudiantes no quieren pagar, ni siquiera simbólicamente, una matrícula que no les garantiza un buen futuro. De hecho, esa era la principal razón por la que se manifestaron.
Foto: Imagen de la protesta realizada por los estudiantes universitarios en Vilnius el pasado 22 de septiembre (pumba_lt)